Maricruz Pérez, de AVANTLEX, completa la formación sobre el apoyo que tendrán las personas con discapacidad en la reforma del Código Civil

El despacho AVANTLEX Abogados está pendiente de todos los cambios legales y jurídicos que afectan a temas de especial trascendencia social por las repercusiones que tendrá en un futuro inmediato. Uno de estos temas es el apoyo que las personas con algún tipo de discapacidad intelectual tendrán en la reforma del Código Civil. Sobre este asunto la legislación civil y procesal va a avanzar en los derechos de las personas con discapacidad para favorecer su inclusión y su capacidad de decisión.

En este sentido, Maricruz Pérez, abogada y socia fundadora de AVANTLEX ABOGADOS, ha completado recientemente un curso de formación específico sobre el Proyecto de Reforma de Legislación Civil y Procesal para el apoyo a las personas con Discapacidad Intelectual en el ejercicio de su capacidad jurídica.

El Curso ha permitido conocer de forma especializada toda la visión que el nuevo Código Civil prestará al tema de la discapacidad. En este sentido uno de los principales cambios es el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, eliminando el concepto de incapacidad, modificando el de la capacidad a la necesidad de Apoyos. 

El nuevo texto también elimina la tutela y la patria potestad prorrogada sustituyéndolas por “curatelas” graduadas y una serie de figuras jurídicas en función de la necesidades de esos apoyos que pueda necesitar cada persona con discapacidad. 

De esta forma también se facilita a estas personas el acceso a la Justicia en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta su voluntad para establecer y determinar quiénes serán las personas que le pueden prestar los apoyos que necesiten para la toma de sus propias decisiones. 

De esta forma pasaremos de la incapacidad a la prestación de apoyos, para la toma de sus propias decisiones por parte de estas personas. Se trata de una reforma que cuando se apruebe permitirá a España avanzará en la implementación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de obligado cumplimiento para el país y firmada en 2008, por lo que acumula un retraso (en algunas partes) de 12 años.